Nuevas obligaciones para recolocar a empleados con incapacidad permanente

En 2024, los negocios en España enfrentan un cambio significativo en la gestión de empleados con incapacidad permanente. El Gobierno ha aprobado una reforma del Estatuto de los Trabajadores que obliga a los empleadores a intentar recolocar o adaptar los puestos de trabajo de los empleados que se encuentren en esta situación​.

Nueva legislación: Un cambio de paradigma

Históricamente, la incapacidad permanente de un empleado llevaba a la rescisión automática de su contrato. Sin embargo, la reciente modificación legislativa prohíbe este tipo de despido automático, alineándose con la normativa europea y las recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según esta nueva normativa, los empleadores deben explorar la posibilidad de recolocar al trabajador en un puesto adaptado a sus nuevas capacidades antes de considerar el despido​​.

Implicaciones para los negocios

Los negocios ahora deben evaluar si pueden ofrecer un puesto adecuado a las capacidades del trabajador afectado por la incapacidad permanente. Este proceso implica realizar "ajustes razonables", que no supongan una carga desproporcionada para la empresa. Estos ajustes pueden incluir cambios en las funciones del puesto, horarios flexibles o la adaptación del entorno laboral​​.

En caso de que la empresa no pueda recolocar al trabajador, se debe justificar que todos los esfuerzos posibles fueron realizados. La ley también contempla que, si no se puede encontrar un puesto adecuado, el despido del empleado deberá contar con una justificación sólida y respetar sus derechos laborales, asegurando una indemnización adecuada si corresponde​.

Beneficios para los empleados y la sociedad

Esta reforma no solo protege los derechos de los empleados con discapacidad, sino que también promueve una mayor inclusión laboral. La medida busca que los trabajadores con incapacidad permanente mantengan su empleo y, con ello, su estabilidad económica y social. Además, se pretende reducir los costos sociales asociados a la exclusión laboral de personas con discapacidad, al integrar a estos individuos en el mercado laboral​​.

El ajuste razonable y la recolocación de empleados no solo son beneficiosos para los trabajadores, sino que también pueden mejorar la reputación de las empresas, demostrando un compromiso con la responsabilidad social y la igualdad de oportunidades.

Conclusión

La obligación de intentar recolocar a los empleados con incapacidad permanente representa un avance significativo en la protección de los derechos laborales y en la promoción de la inclusión. Los negocios deben estar preparados para adaptarse a esta nueva normativa, evaluando sus políticas internas y procedimientos para asegurar el cumplimiento de la ley y la protección de sus empleados.