Empresas de limpieza exigen que los contratos públicos se ajusten a la subida de salarios

Las empresas de limpieza y los autónomos del sector han solicitado al Gobierno que los contratos públicos se ajusten al incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En los últimos años, el SMI ha subido un 54%, pero los contratos públicos, que muchas empresas de limpieza tienen con administraciones, no han aumentado proporcionalmente. Esto ha provocado que las empresas deban absorber esos costes, lo que afecta negativamente su rentabilidad y supervivencia​.

Impacto del SMI en el sector

El sector de la limpieza está compuesto mayoritariamente por autónomos y pequeñas empresas, que representan alrededor del 58% de las 40.000 empresas en España​. Estos negocios, que proporcionan servicios esenciales en oficinas, edificios y espacios públicos, ven sus márgenes de beneficio reducidos cada vez que el SMI sube, ya que no se permite actualizar los contratos firmados con las administraciones para reflejar los mayores costes laborales.

El presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) ha subrayado la necesidad de modificar la Ley de Desindexación para permitir que los precios de los contratos públicos reflejen las subidas salariales. Aspel señala que, con la actual regulación, los contratos en ejecución no se pueden actualizar, lo que deja a las empresas cargando con el incremento de costes sin compensación​.

Reclamaciones y propuestas

La patronal del sector ha propuesto la revisión de los contratos públicos en línea con los aumentos salariales y otros costes laborales, como las cotizaciones a la Seguridad Social. Esto permitiría a las empresas de limpieza mantenerse a flote, sobre todo en un contexto en el que se esperan más incrementos, como la reducción de la jornada laboral y el impacto en los márgenes empresariales​.

Las empresas piden que estas revisiones sean asumibles y ajustadas a futuro, para que no tengan que hacer frente a cambios retroactivos. Este ajuste es crucial para asegurar la viabilidad de muchas de las pequeñas empresas y autónomos que dependen de contratos con las administraciones públicas​.