Amazon enfrenta segunda condena por uso de falsos autónomos

En un caso que marca un precedente importante en la regulación laboral de España, Amazon ha sido condenada por segunda vez por el uso de falsos autónomos, afectando a 3.688 repartidores entre octubre de 2019 y noviembre de 2021. La sentencia emitida por el Juzgado de lo Social número 42 de Madrid subraya la naturaleza laboral, y no mercantil, de la relación entre Amazon y sus repartidores, desafiando la afirmación de la empresa de que estos colaboradores operaban como autónomos independientes.

Esta reciente decisión judicial sigue a una condena previa relacionada con el programa Amazon Flex, introducido en España a finales de 2017. Amazon Flex buscaba expandir la capacidad logística de la compañía al utilizar trabajadores autónomos para realizar entregas, prometiéndoles ingresos adicionales. Sin embargo, la viabilidad de esta iniciativa se vio comprometida por cuestiones legales, especialmente tras la aprobación de la Ley Rider en agosto de 2021, que llevó a Amazon a desmantelar silenciosamente el programa.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), apoyada por el sindicato UGT, presentó la demanda que culminó en esta condena, destacando la existencia de una "subordinación" de los repartidores a Amazon. Esta subordinación se evidenciaba en cómo la organización y control del trabajo recaían sobre la compañía a través de su aplicación, cuestionando la supuesta autonomía de los repartidores para elegir cuándo y dónde trabajaban.

Amazon, por su parte, ha expresado su desacuerdo con la sentencia, argumentando que actuaba como un "operador de transporte" y considerando la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sin embargo, esta sentencia no solo afecta a Amazon, sino que también envía una señal clara a otras empresas que operan con modelos de empleo similares, sobre la importancia de cumplir con la legislación laboral y proteger los derechos de los trabajadores en la economía de plataformas​​​​​​.

La implicación de estos fallos judiciales es clara: las empresas deben asegurarse de que sus modelos de negocio no infrinjan las leyes laborales, especialmente en lo que respecta a la clasificación de los trabajadores como autónomos. La reiteración de estas condenas a Amazon refleja un esfuerzo creciente por definir y proteger los derechos laborales frente a las prácticas de empleo ambiguas en la era digital.